27 de mar. de 2012

O alcalde de Portas negocia con Facenda e o fiscal que o acusa de falsear facturas e fraude



Una conformidad permitiría rebajar la pena que se solicita inicialmente-y que asciende a cuatro años de prisión
El pago de la cantidad supuestamente defraudada se mantendría
El Ministerio Público solicita una pena de cuatro años de cárcel y multa

Carlos García - Pontevedra
Los representantes legales del actual alcalde de Portas, el popular Roberto Vázquez Souto, sondean al fiscal y a los responsables de Hacienda en Madrid para analizar la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad que le permita rebajar las penas que solicita inicialmente como presunto autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro contra la Hacienda Pública. La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión por cada delito y una multa de 300.000 euros, además de indemnizar al Estado en materia de responsabilidad civil con 151.000 euros, que es la cantidad que supuestamente habría dejado de ingresar a Hacienda.
Fuentes conocedoras del caso subrayaron ayer que, en el supuesto de que se pudiera alcanzar un acuerdo que pasa por el reconocimiento de los hechos que le imputa el fiscal por parte del acusado- en todo caso no
sería negociable el pago de la cantidad que supuestamente el alcalde de Portas dejó de ingresar al erario público.
Pazos Souto 2000
Según el escrito de acusación del fiscal, los hechos se refieren al año 2005, cuando la promotora Pazos Souto S.L.,de la que era único socio y administrador Roberto Vázquez Souto, presentó su declaración por el impuesto de sociedades. Según el fiscal, la declaración "no obedecía a las reales operaciones económicas de la misma" pues "los gastos fueron incrementados de forma injustificada, declarando unos gastos realizados por empresas que en realidad eran inexistentes".
El fiscal señala que la empresa del alcalde de Portas llevó a cabo dos promociones en la isla de Fuerteventura en las que declaró haber realizados pagos a dos empresas (Mapafuer S.L. y Mapacons Insulares S. L.) por importe de unos 630.000 euros. Asegura el fiscal que "dichos pagos no se realizaron a las empresas indicadas, siendo creadas por el acusado las facturas y justificantes de pago emitidos aparentemente por las mencionadas
sociedades con la finalidad de disminuir la base imponible resultante". Entre los datos que aporta el fiscal para sostener esta afirmación indica que estas dos empresas "no podían haber realizados los trabajos que se dicen efectuados pues desde el año 2002 carecían de trabajadores para poder realizarlos". Además, señala que en 2003 y 2004 ambas sociedades dejan de presentar declaraciones tributarias y operaciones con terceras personas hasta 2005, en el que reanuda la presentación de declaraciones pero para mantener de forma exclusiva relaciones con la promotora del alcalde de Portas. También califica como "muy extraño" que los pagos se realizasen siempre en efectivo. Por último, el administrador y único socio de Mapafuer S.L. y Mapacons Insulares, quien teóricamente presentó las declaraciones del impuesto de sociedades del ejercicio de 2006, falleció el 13 de febrero de 2005, por lo que el fiscal concluye que "él no pudo presentarlas, firmando, en consecuencia, alguien por él".
El fiscal llega a la conclusión final de que la base imponible a la promotora Pazos Souto era de 432.749 euros, lo que supondría esta cuota defraudada de 151.452 euros.

Supuestas facturas falsas
Así, "para justificar ante la Hacienda Pública que las obras abonadas a las sociedades Mapafuer S. L. y Mapacons Insulares S. L. habían sido realizadas por éstas, el acusado presentó presupuestos, facturas y recibos aparentemente expedidos por las mencionadas sociedades que evidentemente no pudieron ser emitidos por las mismas" y que "necesariamente fueron confeccionadas por él o a su instancia". El fiscal no cuestiona "que las obras no hayan sido realizadas realmente, sino que no lo han sido por las empresas que se señalan como constructoras y a las que se dice haber abonado los gastos que posteriormente se deducen en el impuesto de sociedades".