Diario El País, 25 de maio de 2012
El regidor de Portas ofrece a Hacienda aceptar el delito para rebajar la pena y esquivar la cárcel
Los abogados del alcalde de Portas, el popular Roberto Vázquez, ya han presentado al fin la propuesta de conformidad que permitirá alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria y la fiscalía para recortar a los mínimos establecidos la pena de cárcel solicitada y las multas derivadas de un presunto delito fiscal y de falsedad de los que ha sido acusado.
Representado por el bufete de abogados Garrigues, la propuesta ha sido remitida al abogado del Estado y a la sede central de Hacienda en Madrid donde tendrá que ser aprobada en los próximos 15 días. Lo más probable es que sea aceptada ya que entre los abogados y la inspección tributaria ya hubo una negociación previa para fijar los términos estipulados en estos supuestos penales.
Aunque fuentes de la fiscalía han preferido no revelar el contenido de la propuesta a la espera de la resolución de Hacienda, sí se conocen las condiciones que en líneas generales exige la Agencia Tributaria en estos casos como es el pago integro de la cuota defraudada con los intereses de demora y el 65% de las multas.
Las cantidades reclamadas por el Ministerio de Hacienda son de 151.143 euros más los preceptivos intereses y el correspondiente porcentaje de las multas que suman 305. 400 euros por el delito fiscal y supuesta falsificación de la liquidación del impuesto de sociedades. En este escenario, el fiscal de delitos económicos podría rebajar en dos grados la pena de cuatro años solicitada que quedaría en la mitad.
Además, a Roberto Vázquez, sin antecedentes penales, le quedaría la vía del indulto tras celebrarse el juicio de conformidad que podría fijarse para finales de junio en Pontevedra y en el que el fiscal modificaría su escrito de acusación inicial, según indicaron fuentes judiciales.
Vázquez Souto, uno de los alcaldes del PP que más tiempo se ha perpetuado en el cargo, cinco legislaturas con mayoría absoluta, había sido denunciado por la oposición y acusado del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios pero la condena de un año se suspensión y multa de 3.600 euros finalmente fue revocada por la Audiencia Provincial.
Dos años después regresó a los juzgados para enfrentarse a otro proceso penal que también afecta a su promotora inmobiliaria Pazos Souto 2000 S.L. Según el escrito de la acusación, en la liquidación del impuesto de sociedades de 2005, Hacienda detectó que esta empresa de la que es administrador el alcalde de Portas, declaró gastos de obras inexistentes.
Entre otras obras que realizó en la isla de Fuerteventura, la empresa construyó dos edificios, El Castillo I y El Castillo II, de 26 y 51 viviendas, respectivamente. En la primera utilizó a la empresa Mapafuer S.L. y en la segunda a Mapacons Insulares S.L., declarando pagos por obras que no ejecutaron.
El administrador y único socio de estas constructoras, Pablo Vieira Vieira, quien supuestamente presentó las declaraciones del impuesto de sociedades del ejercicio 2006, había fallecido un año antes por lo que no pudo presentarlas “ y alguien tuvo que falsificar su firma”, según el fiscal.
En el escrito de acusación provisional, el ministerio público señala que Roberto Vázquez creó “las facturas y justificantes de pago emitidos” para rebajar la base imponible y concluye que ambas sociedades utilizadas para facturar no pudieron haber realizado los trabajos de construcción ya que desde el año 2002 no consta que tuvieran trabajadores en nómina.
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| Vázquez en el juzgado de Pontevedra, en febrero de 2010. / CARLOS PUGA |
Sin embargo, en los dos siguientes ejercicios fiscales 2003 y el 2004, las dos firmas dejaron de presentar declaraciones tributarias y de operaciones con terceras personas, mientras que un año después volvieron a presentarlas aunque, curiosamente y de manera exclusiva con Pazos Souto 2000. “Se recogen unos gastos que cubren los ingresos que se dicen recibidos por la empresa de Roberto Vázquez pero, consecuentemente, nada ingresan en la hacienda pública”, señala el fiscal.
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