El alcalde de Portas busca un pacto para eludir la cárcel por delito fiscal
El ministerio público pide cuatro años de prisión para el regidor del PP
Roberto Vázquez Souto, el alcalde popular de Portas desde hace 20 años, trata de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra que le acusa de un presunto delito fiscal y otro de falsedad en documento mercantil para evitar una eventual pena de cárcel. Sus abogados pretenden lograr una rebaja de la condena de cuatro años de prisión que solicita el fiscal al mínimo de la pena establecido por ley y que en todo caso evitaría su cumplimiento, al carecer el regidor de antecedentes penales.
Los letrados de Vázquez Souto también negociarán al mismo tiempo con la Agencia Tributaria el pago de una sanción de 300.000 euros por falsear la liquidación del impuesto de sociedades, que incrementó con gastos inexistentes, por lo que se le impondría una multa de 5.400 euros y una indemnización de 151.432 por responsabilidad civil que se corresponde con la cantidad supuestamente defraudada.
El juicio de conformidad no es sino un reconocimiento de los delitos imputados por parte del acusado. A cambio de asumir la culpabilidad en ambos delitos, el fiscal modificaría su escrito de acusación inicial contra el alcalde de Portas por otro en el que se plasmarían los términos del acuerdo para elevarlos al tribunal competente de Pontevedra al que corresponde dictar sentencia.
Fuentes conocedoras del caso indicaron que la rebaja únicamente afectaría a la cuantía de las penas de privación de libertad solicitadas por la fiscalía, pero en ningún caso a las cantidades presuntamente defraudadas que reclama Hacienda más la señalada multa.
Cuando han trascurrido 13 meses desde que la Audiencia Provincial revocara la condena de un año de suspensión en el cargo y multa de 3.600 euros a Roberto Vázquez por haber contratado a sus empresas para realizar servicios municipales, el alcalde se enfrenta ahora a un segundo proceso en el que su promotora inmobiliaria, Pazos Souto 2000, SL, está en el punto de mira.
Aunque el juicio estaba previsto que se celebrara antes de las elecciones municipales de mayo del año pasado, los abogados del alcalde recurrieron el auto del juez de Caldas por el que se transformaban las diligencias en sumario. Un recurso que retrasó varios meses el procedimiento evitando que este llegase a Pontevedra para fijar la vista oral, pero la Audiencia de Pontevedra finalmente lo desestimó.
Según el escrito de la acusación, en la liquidación del impuesto de sociedades de 2005, Hacienda detectó que esta empresa, de la que es administrador el alcalde de Portas, declaró gastos de obras inexistentes por importe de 151.432 euros.
Entre otras promociones que desarrolló la sociedad en la isla canaria de Fuerteventura, Pazos Souto, SL promovió la construcción de dos edificios, El Castillo I y El Castillo II, de 26 y 51 viviendas, respectivamente. En la primera promoción utilizó a la empresa Mapafuer, SL y en la segunda a Mapacons Insulares, SL, declarando pagos por obras que no ejecutaron.
En noviembre de 2009, cuando el regidor había sido imputado y la oposición —BNG y PSdeG— intentó que saliese adelante una moción de reprobación, Vázquez Souto apeló a su inocencia. “Cuando los jueces hablen, entonces tendré algo que decir. Mientras tanto, no quiero seguirles el juego a los que sólo buscan publicidad con este asunto”, manifestó en aquella ocasión.
Cuentas firmadas por un fallecido
Mapafuer, SL y Mapacons Insulares, SL, las dos constructoras que Pazos Souto utilizó en sus promociones de Fuerteventura, tenían como administrador y único socio a Pablo Vieira Vieira, quien supuestamente presentó las declaraciones del impuesto de sociedades del ejercicio 2006, pero que falleció el 13 de febrero de 2005, por lo que no pudo presentarlas y, en consecuencia, según el fiscal, “alguien tuvo que falsificar su firma”.
La acusación sostiene que Roberto Vázquez llegó a crear “las facturas y justificantes de pago emitidos” con la finalidad de disminuir la base imponible resultante. Además llega a la conclusión de que ambas sociedades utilizadas para facturar no pudieron haber realizado los trabajos descritos ya que desde el año 2002 no consta que tuvieran trabajadores para poder realizarlos.
Sin embargo, en los dos siguientes ejercicios fiscales de 2003 y 2004, las dos firmas dejaron de presentar declaraciones tributarias y de operaciones con terceras personas, mientras que un año después volvieron a presentarlas, aunque curiosamente y de manera exclusiva con Pazos Souto 2000. “Se recogen unos gastos que cubren los ingresos que se dicen recibidos por la empresa de Roberto Vázquez pero, consecuentemente, nada ingresan en la Hacienda pública”, señala el fiscal.
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